Gestión Municipal, Gobernanza y Gobernabilidad

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Gestión Municipal. Gobernanza y Gobernabilidad

La autonomía municipal es una cualidad que faculta a sus entidades para la elaboración de sus cartas orgánicas, en un proceso participativo sujeto a un control constitucional previo.

La participación ciudadana y el control social ocupan un rol protagónico tanto en las agendas de la cooperación internacional para el desarrollo como en las agendas políticas bolivianas de las últimas dos décadas. Herramientas de participación parecen ser los nuevos canales de comunicación de las demandas ciudadanas dentro del sistema político, y el control social aparece como el instrumento más prometedor para el monitoreo de la gestión pública.

En Bolivia, así como en tantos otros países, sistemas tradicionales de representación sufren el desprestigio de no canalizar demandas y necesidades de la ciudadanía de una forma confiable y de ser incapaces de prestar servicios de una forma inclusiva. Aquí, sistemas tradicionales de control administrativo interno o judicial se han mostrado inhábiles al momento de evitar el uso ineficiente de recursos públicos, o peor aún, de contener la corrupción. Mientras tanto, una gran mayoría de la población vive en condiciones de pobreza, los habitantes de zonas rurales son quienes sufren la mayor carencia de oportunidades y entre ellos, la pobreza toca especialmente a ciertos grupos menos privilegiados, como mujeres, indígenas, niños ó ancianos.

A mediados de los años 90, el mismo sistema político boliviano abrió sus puertas a esquemas participativos de toma de decisiones y control de la gestión pública. Desde entonces, organizaciones de la sociedad civil forman parte de un esquema institucionalizado de participación ciudadana que debe ser consultado en forma previa a la asignación de recursos municipales y que vigila la inversión efectiva de esos recursos. A pesar de ello, estudios muestran que los recursos públicos son adjudicados e invertidos de una manera no transparente, que la participación ciudadana ha logrado sólo marginalmente la satisfacción de las demandas ciudadanas, y que la inversión pública no es inclusiva. El desempeño de los funcionarios públicos sigue siendo ineficiente y difícilmente responden ellos frente al público o la justicia, por sus actos de corrupción o ineficiencia. El resultado es un sistema democrático frágil, que no goza de niveles aceptables de confianza ciudadana.

Ante este panorama, la misma sociedad civil ha comenzado a buscar y aplicar nuevos mecanismos, ellos posibilitan a ciudadanos incidir en las decisiones sobre recursos públicos que habrán de invertirse e intentan controlar que esas inversiones se hagan de forma eficiente y acorde a lo concertado. Estos mecanismos o herramientas, puestas en funcionamiento a veces en forma intuitiva por vecinos o a veces en forma organizada, buscan controlar y dirigir los esfuerzos del gobierno local.

Desarrollo humano sostenible de la mano de la participación ciudadana

De acuerdo al diccionario, el desarrollo es un proceso evolutivo de la economía, por el cuál mejores niveles de vida son alcanzados. El diccionario habla de desarrollo humano, social, tecnológico y cada concepto remarca distintas dimensiones del término, de acuerdo al ámbito en que se aplica.

La literatura de cooperación para el desarrollo señala a la Conferencia de Río de 1992 como un hito en la redefinición del término desarrollo (Holtz, 2006). Éste fue definido allí como un proceso socio-económico de largo plazo y complejo, que tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida humana, hacia una vida sin carencias ni miedos, que garantiza la libertad, la seguridad y que esté comprometido con un desarrollo sostenible y humano.

Desarrollo dejaba de significar en los años ‘90 solamente el mejoramiento de las condiciones de vida, él debía además ser sostenible. Es decir, auto sustentable sin disminuir en el tiempo. Para la cooperación internacional, el desarrollo pasa a ser entendido como un proceso, pero fundamentalmente como un objetivo: bienestar sin perjudicar a generaciones futuras.

La gobernanza es entendida, en sentido muy amplio, como el proceso en el cuál “decisiones son tomadas y ejecutadas” (UNESCAP). En la literatura de desarrollo, el concepto involucra tanto al gobierno, como al sector privado y la sociedad civil, refiriéndose a los mecanismos, instituciones y procesos a través de los cuales grupos y ciudadanos articulan sus intereses, ejercen derechos, cumplen obligaciones y median sus diferencias. Buena gobernanza es entendida como un estado ideal de funcionamiento de esos mecanismos, instituciones y procesos.

La gobernanza es buena, cuando es participativa, equitativa, responsable, efectiva y transparente (UNDP, 1997:3). La hipótesis es entonces, que en la medida en que la gobernanza es buena, porque el estado, la sociedad civil y las empresas interactúan de una manera participativa1, equitativa2, responsable3, efectiva4, transparente5 y orientada al consenso, el desarrollo humano sostenible es más probable.

La teoría de la buena gobernanza encuentra la clave para el desarrollo sostenible en un complejo sistema de “controles y contrapesos” (checks and balances, Pierson, 2004) entre el estado, la sociedad civil y el sector privado. Estos controles y contrapesos consisten en una serie de principios generales, derechos y obligaciones de uno, que limitan los poderes de los otros dos. Cada uno de los tres actores en la gobernanza cumple su rol de control y contrapeso por medio de procedimientos, mecanismos e instituciones propias. En cuanto más eficiente es el funcionamiento de cada uno de ellos, más probable será el desarrollo humano sostenible. Cuanto menos eficiente sea el funcionamiento de alguno de ellos, menos probable será el desarrollo humano sostenible. El funcionamiento de la sociedad civil es entonces importante.

Pero qué es la sociedad civil y en qué consiste concretamente su rol dentro del sistema de gobernanza?

El sistema de controles y contrapesos estimado en la gobernanza, da por sentado un sistema democrático6 y en él, la sociedad civil ocupa un rol fundamental. Ella está constituida por todas las organizaciones cívicas, sociales, e instituciones que aglutinan personas detrás de intereses y propósitos compartidos. La sociedad civil es la contraparte del Estado y las instituciones comerciales en la gobernanza.

La sociedad civil representa una amplia gama de perspectivas, valores e intereses que parten de la diversidad étnica, religión, profesión, género, edad de sus miembros. Ni su estructura ni su función están dadas o pre-establecidas, resulta de la espontánea reunión de personas y de sus intereses. De cualquier manera, organizaciones de la sociedad civil comúnmente cumplen tres funciones: informar, canalizar demandas y exigir responsabilidad.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen la función de esclarecimiento (informar) sobre ciertos temas y contribuyen a la opinión pública informando a los ciudadanos para que elijan mejor. Pueden transportar y amplificar (canalizar) las demandas de determinados grupos e incidir en las decisiones del gobierno o empresas en las áreas de su interés. Finalmente, son agentes de “accountability” (responsabilidad) pues tienen la capacidad de reclamar y muchas

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